Parece que lentamente avanzamos con pasitos cortos hacia la sostenibilidad del planeta y por relación directa la nuestra.
La ciudadanía cada vez vemos más claro que tenemos que cambiar de hábitos y que las formas de consumo tienen que variar para que podamos seguir viviendo sin perder calidad de vida. Igual no queremos verlo desde la perspectiva del medio ambiente y atajar el cambio climático pero sí desde el ahorro económico que pueden generar ciertas opciones y aptitudes.
Pero resultan incomodos estos cambios, a veces costosos y más todavía cuando las políticas nacionales no ayudan, más bien todo lo contrario, a impulsar el cambio hacia una vida más eficiente.
Sin embargo, la Unión Europea está tomando decisiones, que no entendemos porque no llegan a conocimiento de la ciudadanía, como por ejemplo el acuerdo llamado 20-20-20 dentro de la Directiva 2012/27/UE que derogan directivas anteriores para intentar alcanzar los resultados esperados, ya que actualmente no se ha alcanzado ni el 45% de lo propuesto.
Dicha Directiva europea pretende reducir un 20% el consumo energético antes de 2020 mejorando la eficacia energética de los edificios y preparando otra mucho más ambiciosa para 2050. La propuesta actual se resume en tres objetivos claros que afectan al ciclo integral de la energía (generación, transformación, distribución y consumo final):
- Reducir un 20% las emisiones de gases efecto invernadero
- Obtener un 20% de la energía de fuentes renovables
- Aumentar en un 20% la eficacia energética
Desde la puesta en marcha de dicha directiva Europa ha sancionado a nuestro país en varias ocasiones, la última en marzo de 2015 ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, a causa de los retrasos en la adaptación de su legislación nacional a la normativa comunitaria y su incumplimiento en los compromisos adquiridos.
Y el pasado 15 de julio de 2015 Bruselas presentó la última reforma energética basada en tres puntos principales: impulso a las energías renovables, potenciar el autoconsumo y dotar de mayor poder a los consumidores.
Esto supone el primer paso para la creación de una Unión Energética en los Veintiocho. Y todo esto con el objetivo de reducir en un 40% las emisiones de gases efecto invernadero lo que amplía el espectro del 20% de la Directiva 20-20-20.
Parece que la intención de Europa de convertirse en el principal productor de renovables del mundo, estimulando a que los Estados miembros incentiven el autoconsumo de los usuarios o que les facilite el cambio de compañía de un modo más rápido y efectivo, entra en la necesidad imperiosa de la transformación del mercado energético en el 2016.
Y por supuesto la adaptación de la normativa propia de cada Estado a esta nueva normativa, abre un poco más el camino hacia la democratización de las energías.
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